Por Norma Galarza F.

Artículo Especial

Pese a que desde 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que contiene el mecanismo llamado Alerta de Género, que consiste en acciones emergentes coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para hacer frente y erradicar la violencia feminicida, sigue mandando la impunidad.

  En nuestro estado esta semana sonaron bombos y platillos ante el anuncio de la activación de dicha Alerta. Sin embargo,  esa medida no será la panacea si al interior del Sistema de Justicia no se logra erradicar la impunidad y la abulia que imperan en los casos de feminicidios.

Y es que la tendencia a minimizar los asesinatos en mujeres es nacional. Quizá porque el sistema de justicia está impregnado de machismo donde  la respuesta intrínseca ante un homicidio femenino es la de responsabilizar a la víctima o bien porque entre esas instituciones imperan la falta de compromiso real.

Ante ese panorama es preocupante que de acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia (PGR) quedan en la impunidad el 90 por ciento de los casos. La PGR plasma ese dato ejemplificando que en el primer trimestre del año 2011 en la Ciudad de México fueron asesinadas 300 mujeres, logrando sentenciar a sólo 30 personas del total de los casos.

 Vivimos una época en que la violencia homicida contra las mujeres se multiplicó a la par de la violencia en el país, ambas solapadas por un Estado tendiente al ausentismo.

Los 22 mil 482 asesinatos a mujeres documentados por el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática del 2007 al 2016, que dan cuenta de una variable escalofriante: la mayoría de ellos fueron cometidos por una persona cercana a la víctima, como la pareja sentimental. Sin embargo priva la impunidad.

 ¿Quién no recuerda el caso de Mariana Lina? Caso en el que la policía montó un inverosímil expediente por suicidio con la intención de darle carpetazo lo más rápido posible. Luego, gracias a la lucha emprendida por su madre, muchos años después, se logró resolver que el asesinato lo había cometido su esposo Julio César Ballinas, quien era miembro de un cuerpo policiaco.

 Como esa hay miles de historias en las que la autoridad protege al homicida por diversas razones. En nuestro estado el ritmo en la solución a casos de feminicidios lo sigue marcando la inercia nacional.

 Los asesinatos de la estudiante Cinthia Nayelly y la joven madre Litzi Sarahí, tienen la característica de que se les pretende dar carpetazo. Igual hubiese sucedido con el caso de la niña San Juana si la sociedad no hubiera presionado para su resolución.

Las líneas de investigación en esos tres casos deberían ser las mismas, el asesino fue alguien que las conocía.

 En el caso de Cinthia Nayelly es evidente la falta de intención de la Procuraduría de desgastarse en retomar la investigación. Al parecer los asesinatos a estas dos adolescentes naufragarán a la sombra de la impunidad.

Muy poco se logrará hacer con la aplicación de la Alerta de Género, si no se busca erradicar los problemas que impiden la aplicación de la justicia en los casos de feminicidios.

 Si bien es cierto que la sacudida implica también a la sociedad, ante un problema tan grave,  la Alerta puede servir como simple Mejoralito ante un problema de cáncer terminal.

Además, en otras entidades la alerta sigue sin ser el remedio para disminuir el feminicidio, por la falta de soluciones estructurales al interior de las instituciones.

Por ejemplo, en el Estado de México,  una de las  entidades de mayor densidad poblacional la activación de la Alerta desde el 2015 y de acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha sido letra muerta porque los asesinatos a mujeres continúan sucediendo.

No se trata de minimizar los esfuerzos que se realizan por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), sino de exhibir, que pese a discursos, la realidad es que la impunidad con la que se tratan los casos de feminicidios sigue siendo el aliciente para que no cesen.