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Por Gerardo Mata 

A la conclusión de la PGR sobre el lamentable asunto de Ayotzinapa le falta credibilidad, además de lógica y un respaldo contundente de pruebas. Murillo Karam ha salido solo (esta última vez sin Osorio Chong), a presentar un video mediante el que se pretende demostrar, de alguna manera incomprensible, que los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron secuestrados por policías municipales –con lo que se inculpa a José Luis Abarca y al PRD- y posteriormente entregados al grupo denominado Guerreros Unidos; grupo que saltó a la fama por el caso y que alcanzó tal notoriedad que ningún otro cártel, real o ficticio, le supera, y que justo al momento de su aparición “oficial” fue desmantelado cuando capturaron a los que dicen ser, no sólo los jefes, sino los autores intelectuales y materiales del secuestro, asesinato, incineración y disposición final de los restos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y la PGR, sobre la bases de las declaraciones tan contradictorias, tan ficticias como si las hubiera redactado aquel fiscal de apellido Chapa Bezanilla, califica la conclusión como “verdad histórica”.

 

Dos acciones en torno al video presentado por Murillo Karam refuerzan la hipótesis de la conspiración del gobierno de México: poco antes de la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el video, se denunció una inusual movilización de soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional y hombres armados de la policía federal y de la gendarmería en el estado de Guerrero, particularmente en los sitios y en los sectores en donde en días pasados se han dado movilizaciones y tomas de instalaciones civiles y militares por parte de los padres de los muchachos, apoyados por civiles. Es decir el gobierno se preparaba, de antemano, para una reacción por la falta de credibilidad absoluta de lo que más tarde diría el procurador. Otra acción: Enrique Peña Nieto volvió a insistir en su petición de dar vuelta a la página, superar el asunto y no quedarnos atorados en algo tan doloroso (para su gobierno lo es, aunque no por las mismas razones).

 

A Enrique Peña Nieto y a su gobierno les urge cerrar de una vez y para siempre el expediente de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del dos mil catorce. Esto le ha acarreado a la presidencia de la República una serie de dolores de cabeza, los que han incluido manifestaciones en cada país en el que ha tenido que pararse Peña Nieto, y la incomodidad de que mandatarios de otros países, como Obama, Mujica y otros, se hayan referido al tema con preocupación y con el ánimo de descalificar. De ahí que al cumplirse cuatro meses del suceso, y sin más que decir ni qué aportar, tomaron la “alta decisión de Estado” de pretender lo imposible.

 

¿Qué pasó en Iguala aquella noche del 26 de septiembre? Las versiones contadas por los supuestos testigos, todos ellos del ya afamado y desparecido cártel, dan cuenta de que ellos en realidad no lo saben, y sólo repiten lo que les han dicho que digan, y sus números no cuadran. Si acaso hay estudiantes que lograron escapar, de entre ese grupo de secuestrados, han permanecido en el anonimato y no han dicho nada. No existe, pues, una versión creíble ni científicamente sustentable de los hechos. Los que saben, porque estaban ahí, siguen en la oscuridad, ocultos tras el velo de las investigaciones de la PGR. Algunos de los padres de los normalistas están cada vez más seguros de que los hasta ahora desconocidos son soldados, o policías federales.

 

Pero, independientemente de los hechos, en todo esto hay algo que queda muy claro: el gobierno de Peña Nieto sabe más de lo que dice, oculta lo que sabe y quiere que ya no se sepa nada.