Por Norma Galarza Flores

Si algo a caracterizado a los órganos cuya función principal es el ataque a la corrupción es que terminan siendo elefantes blancos.

La red de protección que ha funcionado desde 2012 no solo alrededor de la figura del todavía Presidente de la República, sino también de la mayoría de algunos ex gobernadores del país, se sustenta en complicidad con los órganos que deberían vigilar el buen uso de los recursos y el ejercicio recto de la función pública.

La tendencia a la omisión se manifiesta desde Arely Gómez, la secretaría de la Función Pública federal, hasta Paula Rey Ortiz Medina en Zacatecas.

La falta de sanciones a servidores públicos de inocultable tendencia al desvío de recursos, ha sido la marca del sexenio no sólo de Peña Nieto, sino también de Miguel Alonso Reyes, a quien se le protege incluso desde la federación. ¿Complicidad? Es posible.  

Mientras a nivel federal la SFP ha fungido como un convidado de piedra ante la evidente corrupción que marcó a la administración de Enrique Peña Nieto, en nuestro estado la titular de esa dependencia se ha encargado a través de la abulia (o tal vez su intención real es el claro encubrimiento) de proteger a  los funcionarios de la pasada administración.

Pocos son los que han caído en las manos de la secretaria de la Función Pública, la mayoría. peones del ajedrez de corrupción bien estructurado que fue la pasada administración.

En el tema de la obra pública por ejemplo, hasta hoy no ha llegado la sanción contra Francisco Ibargüengoytia Borrego, quien fungió como Secretario de Infraestructura en el último y crucial año de Miguel Alonso Reyes en el que se cristalizaron obras cuestionadas hasta el día de hoy.  

El arquitecto Ibargüengoytia, fue recontratado por Alejandro Tello la primera parte de su quinquenio, quizá con la esperanza de que arreglara el desastre que dejaba en  la SINFRA la administración saliente, no tuvo éxito, por lo que en los albores del segundo año de la gestión del Contador, fue sustituido por Jorge Luis Pedroza Ochoa.

Desde entonces y pese a que elefantes blancos como el Centro Cultural Centenario, son muestra palpable de la aplicación opaca de los recursos, sigue sin caer un solo responsable y lo más indignante no hay indicios de que se fincarán responsabilidades al menos de aquí al 2021. 

Sin duda el reto al que se enfrentará el gobierno que toma posesión el 1 de diciembre, en el tema del combate a la corrupción será mayúsculo. Mientras el Peje tiene pensado proponer a Irma Eréndira Sandoval, para encabezar la SFP, en su sexenio; al menos Alfonso Durazo Montaño, quien será titular de la Secretaría de Seguridad Pública habló fuerte  hace apenas unos días, contra los funcionarios públicos y el perdón que proclama el próximo Presidente de la República. En ese tenor Durazo Montaño, contradijo la retórica del perdón al declarar en Tamaulipas que: “Nada de perdonar, todo aquel que haya cometido alguna ilegalidad tendrá que asumir las consecuencias, particularmente si se trata de gobernantes que hayan incumplido su responsabilidad o que hayan hecho mal uso del recurso público”.

Pues ojalá a la administración de AMLO le quede claro que el perdón puede parecerse a la impunidad y que la única exigencia de los mexicanos -que fue el principal motivo por el que lo catapultamos hasta la presidencia- es que más allá de venganzas lo que exigimos es justicia; y mientras ladrones de cuello blanco sigan impunes, la inseguridad y todas las taras de las que es origen, seguirán azotando a México. Hasta el lunes.