Por Norma Galarza
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Esta semana para los que coexistimos en el territorio de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, ha sido difícil.

El tormento que muchos vivimos casi a la par con los padres de la niña San Juana Romo y que empezó desde el viernes, ayer concluyó con la publicación en Twitter, donde Alejandro Tello señala que ya se tiene a un presunto responsable.

 Sin embargo, como dicen que la mula no era arisca hasta que la hicieron, hay elementos que siguen sin cuadrar en las versiones oficiales.

Una de ellas es la discrecionalidad con la que las autoridades se han negado a entregar las pruebas de ADN de Juanita a sus familiares, como lo denunció la tía de la niña durante la reunión en la que grupos de feministas organizadas protestaron.

La segunda, también tiene relación con las pruebas de ADN pero ahora con las que supuestamente dejó el responsable de tan atroz crimen en el cuerpo de la pequeñita.

El triunfalismo del Gobernador (o de la persona que le lleva las redes sociales) en este caso puede resultarle contraproducente, porque ese comentario puede ser violatorio de la ley.

Y es que hay que recordar  que desde el 2008 se aprobó una reforma constitucional al Sistema Penal Acusatorio y en 2016 el nuevo sistema se terminó de implementar a nivel nacional. Dicha reforma consiste en que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal dictamine su culpabilidad.

En ese sentido la premura del gobernador, ávido por dar respuestas ante tan horrendo suceso, lo pone el riesgo.

 Acusar a alguien sin tener elementos probatorios, como por ejemplo, los resultados de los estudios genéticos que comprueben que el indiciado es el responsable del atroz crimen, es grave.

Por desgracia, la gente no desconfía por ociosidad, en la historia de la justicia mexicana ha habido casos en los que no sólo se fabrican culpables, también se maquillan evidencias con la intención dolosa de cerrar lo más pronto posible los expedientes

 La falta de credibilidad en las instituciones que nos tiene con la percepción enclavada en las conciencias de que hace tiempo que la autoridad abandonó el barco, contribuyen a que el twitazo atribuido a Tello, esté plagado de dudas.

 ¿Cómo culpar a la gente que no cree en esa casi verdad, si  la falta de credibilidad la han ganado a pulso, los encargados de la impartición de justicia?

La rápida respuesta institucional no solo pone en duda la veracidad de la misma, también pone en peligro a la persona detenida a quien sin todos los elementos acusatorios al menos ya se le aplicó el linchamiento mediático.

En fin, ojalá que la autoridad opte por la responsabilidad y no por colocar a un chivo expiatorio y antes de someter al presunto implicado a las torturas que suponemos le esperan en prisión, el proceso acusatorio sea legal y transparente.