Por Andrés Vera Díaz

La impugnación del impuesto ecológico tiene dos aristas importantes, por una parte es la pretensión de obtener recursos ante un Estado debilitado por la negra administración alonsista, la cual tiene observaciones por más de 3800 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Por otro lado y la más significativa, es el impedimento de que Zacatecas, irónicamente “contamine” a otras entidades del país que mostraron un gran interés por el tema.

Otros gobiernos como el de Chihuahua, en voz del propio Javier Corral preguntó a Tello la viabilidad del impuesto y hasta ofreció apoyo para el proceder legal de la carga tributaria. Coahuila, Sonora y Puebla, también expresaron motivación por cobrarlo, cuestión que sin duda molestó tanto a las empresas trasnacionales como a mexicanas.

El fondo implicó que los cabildeos en contra del mismo, alebrestaran al propio Peña Nieto, quien considerando al proceso electoral para el 2018, vería mermado el apoyo económico a campañas, votos duros, de atracción y más aún, el hecho de que la propia Reforma Energética pudiera verse en peligro, pues ahora, las trasnacionales que tendrán derecho de explotación y venta de hidrocarburos en México, pagarían también en los Estados que concentran la actividad.

Recordemos que en la Reforma, impulsada por Peña y otros vendidos, según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y la de Industria Eléctrica, los dueños de la tierra deberán negociar un acuerdo con aquellos que deseen explotar los recursos energéticos de su terreno y en caso de que éste no se concrete, el Estado ordenará —a través de una servidumbre legal— los pagos que le corresponden a cada propietario.

Esto es, un permiso intrínseco para usar la tierra y el subsuelo mexicano como desee el nuevo propietario, podrán contaminar a diestra y siniestra, entonces, un impuesto ecológico obligaría, por lo menos en teoría, a que se pagaran grandes tributos, lo que mermaría las ganancias de las corporaciones. En realidad no las llevaría a la quiebra ni mucho menos, pero así responde el capitalismo salvaje, “máxima ganancia con mínima inversión”.

El propio Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dio visto bueno al proyecto tellista, bajo el argumento de que Zacatecas ya no podría endeudarse más, y es que -según fuentes de altas esferas locales-, el gobierno federal no estaba muy contento con la administración de Alonso, pero ante la conservación de la gubernatura, se optó por premiarlo con puesto de tercer nivel, sin embargo estaban cansados de que el exgobernador “sólo pedía pero no aportaba”.

Sin embargo, al gobierno aún le hacen falta 2500 millones de pesos para salvar el año. La nómina docente atraerá problemas a partir de mayo o junio cuando no existe recurso para pagarles, lo que derivará en una nueva crisis social. Dos cartas pueden salvar a la administración tellista; o el gobierno federal absorbe la nómina de más de 9 mil profesores, o crear un sistema recaudatorio eficiente que obligue a moros a saldar sus adeudos, entre los que deben integrarse el predial, cuestión que depende de los municipios, los cuales deberán hacer su parte, aunque sin duda no será suficiente.