Por Sigfredo Benavides

Un total de 400 trabajadores han sido despedidos hasta el momento de la presidencia municipal de Guadalupe, en lo que va de la actual administración del alcalde Julio César Chávez Padilla.

El también conocido como presidente municipal en calidad de basurerito además de charolero -por requerir dinero de las comunidades donde hace falta obra pública,  acusado asimismo de estar detrás de las quiebras financieras del municipio desde tiempos de Roberto Luévano, cuando era secretario municipal-, confronta al momento un récord de despidos laborales injustificados en el ayuntamiento que gobierna, por la simple y sencilla razón  de que a ninguno de los afectados se le ha rescindido el contrato conforme a la ley y de acuerdo a derecho.

El comunicólogo, de quien muchos de sus ex alumnos afirman que en su momento pedía a los estudiantes “exigieran veracidad en la noticia”, viola las leyes laborales de acuerdo a lo que denunciaron a La Cueva del Lobo algunos inconformes  por “la manera y los estilos en que Chávez Padilla realiza los despidos, a todas luces injustificados”.

Los quejosos dieron a conocer que hay una técnica, una metodología a la que llamaron “canalla” pues los directores de departamento rumoran de manera previa que alguien o algunos van a ser despedidos de ciertas áreas de trabajo, sospechas que luego se confirman cuando esos mismos funcionarios piden a los afectados se dirijan ante el secretario de gobierno con el fin de “que se pongan a su disposición”.

Tal hecho no sirve solamente para amedrentar a los trabajadores, sino peor aún, reconocieron los afectados, para violar sus derechos laborales.

Sus disposiciones rayan al absurdo, toda vez que dentro de la oficina secretarial se les notifica de un oficio que se añade al comentario previo de que están despedidos bajo amenazas de que se deben por lo que, de inmediato, deben firmar su notificación de despido.

Lo anterior, expresaron los afectados, viola sus garantías laborales toda vez que se eliminan por capricho disposiciones fundamentales a que como personas tienen derecho, además de violentarse una serie de preceptos constitucionales sin que ningún organismo estatal haya sido capaz de defender esas causas en calidad de trabajadores municipales.

Otros de plano son hostilizados abiertamente por los directores de departamentos para que abandonen el trabajo sin que se les haya notificado previo memorándum alguno y sin marco de referencia legal ni jurídico.

A muchos se les frena de manera eventual el pago semanal, lo que en voz de los inconformes  reprime sus derechos laborales, además de que existe la orden, por parte del alcalde de que no se les recontrate, “porque ya fueron rescindidos”, cuando lo cierto es que luego de ser o no ser notificados, llegan con el secretario, se les despide y no se les liquida conforme a la ley”.

Trascendió que Chávez Padilla, más allá de sus argumentos de que el ayuntamiento se encuentra sobreendeudado con más de 690 millones de pesos -monto del que en parte tenía conocimiento desde que fue secretario con Roberto Luévano, y de señalar que el municipio está empobrecido-, ha decidido sustituir todos los cuadros que obliga a renunciar por la fuerza con equipo humano de su predilección para que formen parte de su equipo y con la finalidad de pagar compromisos de campaña.

Métodos salvajes

Otra de las tácticas salvajes para que la gente sea sometida a presión consiste en que se les pide desocupen los lugares en que laboran, incluido el mobiliario, como escritorios, sillas y computadoras, “porque viene alguien a hacerse cargo de ese tipo de instrumentos y a sustituirlos”.

Así, el alcalde de Morena despide sin liquidar a todo el personal del cual quiere prescindir, 400 al momento, para sustituirlo de inmediato con su gente y sin que medie una liquidación económica conforme a lo que marca la ley laboral, más allá de los 690 millones de pesos que el municipio adeuda, “y de cuyo destino él sabe mejor que nadie, pero ahora, le conviene fingir demencia, encima de querer pasar la charola entre los vecinos de Guadalupe como uno de los presidentes más vergonzantes que Guadalupe ha tenido”.

Al finalizar esa suma de actos, se pide a la contraloría interna que cheque que los “despedidos” haya dejado todos los instrumentos en orden, con lo cual obligan a los afectados a pasar por otras vergüezas.

En copia hecha llegar a la Cueva del Lobo, el maestro en ciencias Zencal Gabriel Salazar Salas, en su calidad de coordinador jurídico firma de su puño y letra un documento que dice:

“Por este conducto me dirijo a usted para comunicarle que lamentablemente (que) a partir de la fecha (al calce 09 de octubre del presente año) Usted causará baja, (sic) esta decisión es por la necesidad de realizar la reducción a la plantilla de trabajadores dentro de este H. Ayuntamiento, dado que no se cuenta con techo financiero para cubrir los sueldos correspondientes, por tal motivo, le hago de su conocimiento que este H. Ayuntamiento, no podrá seguir cubriéndole el sueldo que Usted venía percibiendo como trabajador del municipio”.

 ….Más adelante ataja el mismo documento….

“Le comunicamos que se encuentra a su disposición desde este momento la correspondiente indemnización constitucional y demás conceptos devengados y que le corresponden por ley hasta la fecha de la extinción de la presente….Sirve de fundamento el Artículo 27 fracción II de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Zacatecas”.

Pero no se ha liquidado a nadie conforme al procedimiento legal, señalaron por últimos los trabajadores despedidos.