Por Andrés Vera Díaz

Los bloqueos por parte de transportistas u oportunistas políticos ya son una constante en una de las minas más importantes del mundo, sin menoscabo de la aportación económica de GoldCorp a la región, la realidad es que muchos abanderan causas sociales sólo por la coyuntura de negocio.

Aquí entramos en la disyuntiva de la explotación minera contra pseudolíderes. La realidad es que la extracción de minerales siempre tendrá implicaciones de diversos tipos, pero la utilidad en términos de nichos de desarrollo económica para el caso de Mazapil no puede pasar desapercibido.

Las negociaciones no tienen un trasfondo ambiental, eso dista mucho de ser una realidad, como pretende demostrar Felipe Pinedo, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas al crear hace dos años aproximadamente su Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM)  en el semidesierto con la supuesta intención de defender a la población por los trabajos de la minera. Nada más alejado de la verdad, la realidad es que es una organización engañada, estructurada para el chantaje en beneficio personal y de las huestes cercanas a José Narro, y es que las exigencias van desde que GoldCorp le compre una mina ubicada en Durango propiedad de Pinedo, hasta millones de pesos en efectivo bajo pretexto que los bloqueos afectan en la Bolsa Mexicana de Valores las acciones de la empresa. En cada reunión, Pinedo pone sobre la mesa la venta de su mina, que ironía, que gran contradicción. El tiro salió por la culata, hace un año, en el último bloqueo, manifestaciones de ejidatarios se hicieron presentes alegando que Pinedo no cumplía con los requerimientos de la organización. Agarra lo que puede y se va.

Ahora en plena campaña para ser diputado local, Pinedo de nuevo aprovecha la coyuntura soportada por algunos medios que exigen hasta cien mil dólares mensuales a la minera para callar, y colgándose de una protesta de transportistas saltillenses que exigen trabajo, sin tener la infraestructura humana y material específica para su propia demanda.

Los saltillenses quieren contratos para traslado de escombro y minerales, con 120 camiones de 16 metros cúbicos a un precio de renta de 45 mil pesos mensuales. Camiones muchos de éstos viejos, no aptos para el trabajo o la capacidad de transporte especial para la labor, y es que las bestias especiales para este tipo de trabajo cuyas dimensiones y potencia pueden cargar hasta 380 toneladas por viaje, significa, que uno de volteo clásico, puede sólo mover 16 toneladas, es decir, menos del 5 por ciento. El costo entonces es enorme, 40 camiones por 45 mil pesos es un dineral, y no es que la minera no tenga el dinero, el problema es estricto rigor comercial, ¿porqué invertir en camiones viejos que no dan seguridad ni garantía?. Aquí uno de los puntos clave. La minera ofreció un trato redondo. Cambiar los camiones viejos por unos especiales de 380 toneladas, además pagar la renta mensual que exigen los concesionarios y capacitar a sus choferes, otorgándoles prestaciones y un salario de 14 mil quincenales. La negativa sigue presente.

A pesar de ser un buen esquema de negocio, los transportistas se amparan al lado de “líderes” regionales porque la pretensión es más alta. En reuniones muy selectas, pretenden negociar con la minera a cambio de beneficios muy particulares.

Y veamos un caso: En un esquema de minería sustentable, desde el inicio de las operaciones de Peñasquito la empresa se ha comprometido a la generación de empleo local con la intención de impulsar las capacidades de los pobladores para que en un futuro y cuando termine la vida útil de la mina, puedan generar sus propios ingresos.

Fue entonces que Ascensión Carrillo, líder de este bloqueo, decide conformar una cooperativa donde él con algunos socios de Saltillo hacen la compra de camiones de 14m3 para realizar trabajos de acarreo en las primeras etapas de la operación.

Dicha etapa ha llegado a su fin, y para los siguientes trabajos se requiere de camiones con mayor capacidad de carga además de protocolos específicos de seguridad. Condiciones con las que ya no cuentan camiones de CAVA.

Sin embargo, ante el argumento de CAVA de haber vendido sus tierras para comprar los camiones, la empresa les propuso el intercambio de los 120 camiones de 14m3, que reconocen los transportistas son de su propiedad y que han prestado sus servicios en la mina por 2 años, por 5 camiones tipo Yucle o 777. Ellos serías los nuevos propietarios de estos camiones y por el uso de los mismos la empresa estaría pagándoles una renta mensual.

El mantenimiento mayor sería realizado y cubierto la empresa, al igual que el combustible, y la capacitación y contratación del chofer/operador. Es decir, la renta es prácticamente utilidad neta.

Cabe señalar que este proceso de capacitación y contratación inició desde abril con los primeros operadores de las comunidades de Palmas Grandes y El Rodeo, gente nació y es residente de Mazapil.

El  valor de cada Yucle es superior al de los camiones de 14m3 por lo que el intercambio constituye un beneficio adicional.

Como contraparte de una prestación adicional, la empresa propone que los 120 camiones intercambiados sean subastados por un tercero dedicado a la venta de vehículos, y que el recurso de la venta de cada camión sea entregado a su dueño.

A nombre de los transportistas, Ascensión Carrillo rechazo  el ofrecimiento, pretendiendo con la amenaza de bloqueo, extorsionar a la empresa pidiendo:

  • Que se le entreguen los 5 Yucles

  • Más el recurso por la renta de los 5 Yucles

  • Quedarse con sus 120 camiones, para poder ponerlos “a trabajar en otro lado”.

Ahora, a pesar del bloqueo que transportistas de acarreo mantienen en los principales accesos a Peñasquito, la empresa sigue cumpliendo con los compromisos expresó la compañía en un comunicado, entre ellos el suministro de agua en diez comunidades que se encuentran dentro de su estrategia de Responsabilidad Social, entre ellas El Vergel, Charcos, Cedros, Palmas Grades y Nuevo Peñasco. Incluso y debido a incumplimiento por parte del propio municipio para dotar de agua potable a sus habitantes en esta época de estiaje, la empresa ha incrementado el número de pupas de agua en cada centro poblacional.

Tanto es así, que la tarde del miércoles pasado se suscitó un incendio en la comunidad de San Juan de los Cedros, y personal de la empresa y contratistas acudieron a sofocarlo.

Este conflicto comercial, que sus líderes pretenden presentar a la opinión pública como una afectación a las comunidades, dista mucho de ser una acción que impacte a los habitantes de la región, pues los propietarios de los camiones son en su mayoría empresarios Saltillenses, y solo contratan a los mazapilenses como choferes. Cabe señalar que hasta el momento los intereses de estos últimos no han sido incorporados a las conversaciones con la empresa por decisión de sus líderes.

Mientras tanto, con este bloqueo sí se está afectando la fuente de empleo del 75% del personal sindicalizado de Peñasquito, unos 1, 258 zacatecanos que tienen de todas las prestaciones de ley. Esto sin contar contratistas, administrativos, proveedores, etc. Además de los 495 habitantes de la zona que también trabajan directamente para la empresa y que son rehenes de las pretensiones económicas de unos cuantos.