• Reestructurar para sobrevivir el 18
  • TIIE 5.60 + incrementos del Banco de México y la FED

Flavio Vidales

 

  • El Banco de México inició 2016 con 3% y terminó con 5.75%
  • La FED 0.25 a 0.75. Anuncian incrementos para 2017.

El costo promedio de intereses de las deudas estatales, según lo refiere el CEFP, es del 5.1 por ciento

Ramón Alberto Garza, de Reporte Índigo, reseña el encuentro de Slim y Trump, a pesar de sus diferencias en campaña, pero negocios son negocios, y el dinero habla con el dinero. Los dos magnates zanjaron en una cena en la residencia Mar-a-Lago sus aparentes diferencias.

Los escuetos informes de la reunión los conocemos por los tuits de la cancillería del Grupo Carso, que comanda Arturo Elías Ayub, quien dijo que el encuentro entre su suegro y Trump fue bueno para México y para los mexicanos.

Por esos días también se habría dado un encuentro entre los trumpistas y Luis Videgaray, el hombre de más confianza para el presidente Enrique Peña Nieto.

Sin investidura oficial de por medio, Videgaray es muy bien visto dentro del círculo familiar de Trump por su relación con el yerno del próximo presidente, Jared Kushner.

De hecho se especula que fue Videgaray quien a través de Corey Lewandovski –jefe de la campaña de Trump- cabildeó la reunión con Slim, convirtiéndose en uno de los consiglieri entre los dos peculiares magnates a los que les gusta el poder más allá del dinero.

Por eso se volvieron a despertar las posibilidades de que Videgaray fuera llamado de nuevo al gabinete. Lo decíamos el pasado 5 de diciembre, cuando advertíamos que el exsecretario de Hacienda podría convertirse en el tercer secretario de Relaciones Exteriores.

Decíamos entonces que la hoy canciller Claudia Ruiz Massieu podría ser enviada a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial.

Pero la muerte de Rafael Tovar y de Teresa abrió la posibilidad de que Claudia pueda despachar en la Secretaría de Cultura. La decisión –difícil pero no imposible– está en la mesa presidencial.

De consumarse, tendría que implementarse en los primeros días del año, para que a la toma de posesión de Trump el 20 de enero ya acudieran juntos el presidente Peña Nieto y el flamante canciller Videgaray.

Pero está claro que hoy por hoy el exsecretario de Hacienda es el mejor enlace mexicano con el nuevo y controvertido Presidente de los Estados Unidos.

Y si su reinserción en el gabinete se consuma, lo mismo sucederá con su reinserción en la lista de quienes pueden aspirar a la candidatura presidencial del PRI para el 2018.

Por lo pronto, si es verdad que Videgaray influyó para sentar en la mesa a Slim con Trump, apuesten a que el favor diplomático con otro favor se pagará.

Y sin duda, las utilidades que las constructoras de Slim generarán con la edificación del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México darán, y de sobra, para apuntalar la campaña presidencial del PRI 2018.

Sobre todo ahora que el tricolor ya no tiene –como en 2012– las tesorerías estatales ni de Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Chihuahua, Durango… y para el 2017 tampoco la de Coahuila.

Resaca financiera

Los nuevos gobernadores de México han recibido finanzas deterioradas en sus estados y han tenido que reestructurar como primera acción de gobierno la deuda dejada por sus antecesores

Jesús Lemus en Reporte Índigo plantea el inicio de los nuevos gobiernos que sanean finanzas, porque ya no serán la caja chica para la campaña.

Al menos 10 estados de todo el país cerrarán el año con la intención de reestructurar la deuda heredada de los anteriores gobiernos. El caso más grave es el de Veracruz, en donde el nuevo gobernador ha declarado a la administración en crisis financiera.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares ha enviado ya al Congreso local, dentro del llamado Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), una propuesta para reestructurar la deuda pública heredada de Javier Duarte. Lo mismo ha hecho el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien ha enviado a la 73 Legislatura local, una propuesta para reorganizar la deuda pública, a fin de que esta no se convierta en un lastre que impida la ejecución de programas oficiales de gobierno a partir del año entrante, cuando comiencen a cumplirse algunos plazos para el pago de la deuda bancaria.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, lanzó una convocatoria pública en espera de que alguna institución bancaria compre la deuda del estado y reestructurarla a un plazo mayor.

También en Zacatecas hay preocupación. Allí el gobernador Alejandro Tello Cristerna envió al Congreso local una iniciativa de decreto, mediante la cual se busca un crédito para pagar por adelantado los empréstitos heredados que están generando una alta carga de intereses, en donde se pretende además aumentar el plazo de pago de la deuda atrasada, de 12 a 20 años de plazo.

En Nayarit, donde la deuda pública no ha crecido en la presente administración, pero se ha mantenido estática la contraída por el gobierno de Ney González, el Gobierno estatal prepara un proyecto de reestructura que será presentado al Congreso local, a fin de que la siguiente administración pueda operar con menos dificultades económicas.

Por su parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ya dio el primer paso para salvar la difícil situación de las finanzas estatales, al solicitar al Congreso local una reestructura de la deuda heredada de Guillermo Padrés, por el orden de los 16 mil 993 millones 125 mil 345 pesos, misma que fue autorizada por el legislativo del estado bajo la solicitud de que no se aumente la deuda en el actual periodo de gobierno.

En Oaxaca, el reciente estrenado gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, también ya adelantó su intención de iniciar negociaciones para reestructurar la deuda pública, “a fin de que el 2017 se comience sin problemas financieros”.

También el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, luego de reconocer la carga impositiva que representa al Gobierno estatal la deuda heredada, y tras anunciar la solicitud de ayuda al Gobierno federal para encarar la crisis económica de esa entidad, ha manifestado públicamente su intención de buscar una reestructuración de la deuda a partir de los primeros días del mes entrante.

En Chihuahua, donde frente a la ola de violencia la deuda pública es uno de los problemas menores, el Gobierno estatal de Javier Corral ya anunció su determinación de hacer gestiones en el Congreso local a partir de los primeros días del 2017, a fin de buscar la reestructuración de la deuda, lo que le garantizará al Gobierno local un ahorro por la reducción de los intereses.

Por su parte, en el estado de Coahuila, ante la falta de acuerdos en el seno del Congreso local, el ejecutivo estatal no ha podido llevar a cabo su intención de reestructurar la deuda pública, por lo que se mantiene en la congeladora la iniciativa de decreto que permitiría renegociar con la banca comercial los créditos que mantiene esa entidad.

Déficit a cambio de recorte

Los recortes presupuestales planteados en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, que apunta a una disminución de recursos hacia las entidades, es lo que ha obligado a diversos gobiernos locales a tomar la medida de reestructura de la deuda, a fin de prolongar los plazos de pago para poder tener recursos que permitan el cumplimiento de sus programas sociales.

Los estados que ya han iniciado, o al menos han anunciado, acciones para la reestructura de su deuda pública son Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Coahuila, Veracruz y Chihuahua, los que a su vez encabezan la lista nacional de las entidades federativas más endeudas del país, pero a causa de la deuda económica heredada.

En la totalidad de estas entidades, la deuda pública se agudizó entre el 2008 y 2012, periodo en el que el Gobierno federal comenzó con la aplicación de recortes a los presupuestos estatales, registrándose el máximo pico de endeudamiento estatal entre el 2008 y 2009, según reconoce el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, publicado el 24 de mayo de este año.

En dicho documento se establece que solo “de 2008 a 2012, la deuda pública (en los estados) se duplicó en términos nominales”, y es que la deuda de los estados, desde el 2001 al 2008 se había mantenido constante, pero a partir del 2009 la deuda de las entidades alcanzó a tomar dimensiones desproporcionadas en relación al Producto Interno Bruto (PIB), llegando en el 2015 a representar casi el 3.1 por ciento del PIB.

La falta de una disciplina financiera en los gobiernos estatales es lo que ha hecho, reconoce el CEFP en otro estudio sobre las deudas estatales, publicado el 1 de abril de este mismo año, que los déficits de las entidades federativas creciera en forma alarmante, pues en 1994 el déficit de los estados alcanzaba el 0.6 por ciento del PIB, para llegar al 2015 con un déficit de más del 3 por ciento de ese mismo parámetro.

Otro parámetro que demuestra la forma en la que los estados se comenzaron a endeudar, para llevar a la situación actual de crisis económicas severas, como las de Veracruz, Coahuila, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León, es el que revela que el promedio de la deuda de las entidades federativas, respecto de sus Participaciones Federales, creció de 64.5 por ciento en 1994 a 84 por ciento en 2015.

De tal suerte ha sido el endeudamiento de los gobiernos estatales en los últimos años, que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con corte a diciembre del 2015, la deuda total de municipios y estados es ya de 536 mil 269 mil millones de pesos, lo que ha comenzado a generar severos problemas de funcionalidad en los programas locales de gobierno.

Para dimensionar mejor la deuda de los estados, explica en su documento oficial el Centro de Estudios de Finanzas Publicas, si se dividiera equitativamente el volumen total de los empréstitos contraídos por los gobiernos municipales y estatales entre el número de municipios y estados de todo el país, cada uno de ellos estaría debiendo la suma de 16 mil 758 millones de pesos.

Casi todo al gasto corriente

Sumado a la disminución de las participaciones federales, que se han venido registrando a todos los estados desde el 2008, otro factor de endeudamiento que reconoce el CEFP, como influyente para aumentar la deuda pública de las entidades, es el grueso aparato de gobierno mediante el que operan las administraciones locales, el que absorbe gran parte de los recursos de cada entidad.

Cifras del CEFP indican que Michoacán es la entidad federativa que mayor porcentaje de los ingresos totales asigna para la operatividad del aparato gubernamental, destinando un porcentaje de casi el 46 por ciento de sus recursos a gastos corrientes, en donde destaca el pago de la nómina y servicios personales de los funcionarios.

Después de Michoacán, Durango es la entidad que más dinero aplica para el sostenimiento de su burocracia, con una aportación promedio de poco más del 43 por ciento de sus fondos; Tabasco aplica también el 43 por ciento de sus recursos al sostenimiento de sus órganos de gobiernos, mientras que Coahuila destina el 42.3 por ciento y Zacatecas el 39.3 por ciento.

Las cifras de estos estados cobran dimensión, si se considera que a nivel nacional el promedio de aplicación de recursos para la operatividad de los gobiernos es del 25.6 por ciento, es decir solo destinan uno de cada cuatro pesos para que opere el aparato gubernamental, mientras en los estados de Michoacán, Durango, Tabasco, Coahuila y Zacatecas, se gastan cuatro de cada 10 pesos en gasto operativo.

Las entidades federativas que menos gastan en este rubro, muy por debajo del promedio nacional, es decir, que aplican menos recursos para la funcionalidad de sus administraciones, son Aguascalientes con apenas el 8.3 por ciento de sus ingresos, Hidalgo con el 8.7 por ciento, Guerrero con el 10.6 por ciento, Tlaxcala aplica el 11.8 por ciento y Morelos sólo el 12.1 por ciento de sus ingresos.

Se los comen los intereses

Los gobiernos estatales que ya han anunciado acciones para reestructurar su deuda a la mayor brevedad, como Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Sonora, Quintana Roo, Coahuila, Veracruz y Chihuahua, son empujados al pacto bancario por los altos costos del servicio de la deuda.

Y es que el costo promedio de intereses de las deudas estatales, según lo refiere el CEFP, es del 5.1 por ciento, una tasa muy por encima de la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio adeuda (TIIE), que es la que norma en las actividades de endeudamiento de los particulares con la banca comercial, lo que compromete las aportaciones del Gobierno federal a los estados en plazos que van hasta los 20 años.

Sin embargo, diversas administraciones estatales pactaron sus deudas a réditos mayores, como Tlaxcala, que si bien es la entidad que menos deuda tiene en todo el país, también es la que paga más intereses por su deuda, con una tasa del 8 por ciento; Quintana Roo paga el 7.3 por ciento de intereses, Chihuahua el 6 por ciento, Guerrero el 5.9 por ciento y Nayarit el 5.8 por ciento.

Las entidades que pagan menos intereses por sus deudas, más allá de sus montos contraídos y plazos de pago, son Aguascalientes con sólo el 3.5 por ciento, Campeche paga el 3.9 por ciento, San Luis Potosí abona el 4.2 por ciento, Puebla también compromete el 4.2 por ciento y Querétaro el 4.3 por ciento.