Por Ricardo Monreal Ávila

La amputación de los derechos humanos que implica la Ley de Seguridad Interior se quiere anestesiar centrando la atención pública en una declaración de Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de amnistiar a grupos criminales. “Vamos a explorar todas las posibilidades (para pacificar al país), desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo en ese país”.

Lo del dirigente de MORENA fue una declaración de 15 palabras. La expresión de una intención personal de realización incierta. En cambio, la Ley de Seguridad Interior es un ordenamiento punitivo de 49 artículos, de observancia obligatoria, coercitiva y sin posibilidad de amparo. Sin embargo, se pretende hacer pasar como más dañina, letal y catastrófica una declaración mitinera que un ordenamiento legal. El colmo de la manipulación: buscar convertir la amnistía en anestesia, para generar amnesia colectiva.

Con esta burda manipulación se busca evitar lo inevitable: que la fallida estrategia de seguridad pública seguida en los últimos 11 años (los gobiernos de Felipe Calderón y el actual), con casi un cuarto de millón de víctimas fatales, más de un millón de víctimas colaterales, más de 300 mil desplazados y cerca de 50 mil desaparecidos (una auténtica crisis humanitaria), pase por la prueba de las urnas el 1 de julio del 2018.

La próxima elección presidencial será precisamente eso: un plebiscito sobre la política de seguridad seguida en dos sexenios del PRIAN y, de manera especial, un plebiscito sobre las reformas, especialmente tres: energética, fiscal y educativa. Reformas sí o reformas no. Más inseguridad y violencia, o pacificación y conciliación.

Ahora bien, la propuesta de amnistía a criminales no es una locura. Es una política pública que han seguido diversos países para controlar las epidemias de violencia que han padecido en diversos momentos de su existencia. Colombia, Italia y Estados Unidos de América la han practicado en diversas modalidades.

De inicio, no es una medida aislada. Es parte de un proceso que sigue al menos tres etapas: desarme, desmovilización y reinserción (grupos guerrilleros); o desarme, desarticulación y reconversión económica (grupos delincuenciales).

Se olvida que para amnistiar a alguien, primero debe estar en la cárcel o entregarse. No se amnistía a quienes están en libertad, huyendo a salto de mata o tres metros bajo tierra.

Los criminales se entregan o se rinden bajo protocolos o reglas establecidas. El procedimiento puede seguir las siguientes etapas: se decreta oficial u oficiosamente una tregua, se entregan de manera voluntaria, proporcionan información estratégica de sus modus operandi, entregan parte de sus bienes económicos, se comprometen a una actividad lícita y permanecen bajo un régimen de supervisión y observación bajo un periodo.

La propuesta de AMLO incluye un elemento inédito adicional: el perdón de las víctimas o sus familiares. Es decir, la reconciliación personal y social.

Ciertamente, a los criminales que se someten a este procedimiento judicial o extrajudicial no se les llama “amnistiados”, término que sigue estando reservado a quienes se alzan en armas por razones políticas, ideológicas o sociales. En Italia se les llama pentiti (arrepentidos), y “testigos protegidos”, en América.

Locura es seguir desangrando al país con una estrategia fallida de militarización que ha demostrado su inoperancia. Sensatez es ensayar otras políticas de seguridad para pacificar y reconciliar a la nación mexicana.

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